Debate fiscal

Llevamos más de un año inmersos en una crisis que parece no tener fin, pero la experiencia de las anteriores, no tan graves según los expertos, nos indica que con los medios actuales saldremos de ella más pronto que tarde. Me gustaría contribuir desde mi experiencia al debate sobre ideas concretas que debiera haberse producido entre los partidos políticos durante este último año. Parece que en el día que estoy escribiendo estas reflexiones el Gobierno y el primer partido de la oposición están por primera vez de acuerdo en algo tan importante como garantizar hasta 100.000 euros los depósitos bancarios y en la puesta en circulación como mínimo de 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000, mediante la adquisición a la banca de activos saneados y el compromiso de ésta de destinarlos a la concesión de créditos y préstamos.

Las reflexiones que siguen hacen referencia a medidas en el ámbito de la política fiscal, sin detrimento de la capacidad recaudatoria del Estado y las Autonomías, medidas sobre relaciones laborables y de cotización a la Seguridad Social, medidas jurídicas y finalmente un comentario sobre la próxima  puesta de circulación de 30.000/50.000 millones de euros por parte del Estado.

 Medidas fiscales

Merece la pena estudiar la posibilidad de incrementar la deducción por la adquisición de primera vivienda en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en un porcentaje suficiente para devolver a cada contribuyente atrapado por la subida de los tipos de interés en los últimos dos años los 800 ó 1.000 euros que ha aumentado el coste de su hipoteca. Esto se financiaría con la eliminación parcial de la deducción de 400 euros por contribuyente, manteniéndola sólo para quienes tengan un nivel de renta baja.

En el impuesto sobre sociedades entiendo que la capacidad para actuar es escasa pues en la última reforma ya se rebajó sustancialmente el tipo impositivo. En todo caso sería posible reducir temporalmente ese tipo a pequeñas y medianas empresas de nueva creación dedicadas a ciertos campos como I+D+I, nuevas tecnologías, conservación del medio ambiente, etc.

Asimismo, y de una vez por todas, debiera regularse el tiempo mínimo que debe transcurrir entre el momento en que se adquiere un activo y en el que se transmite, en ningún caso inferior al año. De esta forma las operaciones puramente especulativas tributarían en el IRPF al tipo general nunca menor del 24 y en el impuesto de sociedades tributarían con un recargo de por lo menos un 20% sobre el tipo general.

Para favorecer en estos momentos de crisis la disminución de la inflación y la creación de empleo sería factible reducir o elevar diferentes tipos impositivos en el IVA El que se aplica a la rehabilitación de viviendas se podría rebajar del 7 al 4 %. Esta medida estaría en la línea del Real Decreto publicado hace unos meses que intenta favorecer la rehabilitación de viviendas ante la paralización del sector de la construcción y promoción de viviendas. También podría reducirse el que se aplica al consumo doméstico de luz y gas del 16 al 7%. A cambio de ello habría que elevar hasta por lo menos un 20% el de ciertos artículos considerados de lujo socialmente y cuya demanda no disminuye sensiblemente como consecuencia de una subida moderada del precio.

Aumentaría también la recaudación del Estado si se elevaran las tasas que se aplican sobre el juego, uso de aeropuertos y los impuestos sobre alcohol y tabaco. Todos estos productos son de demanda rígida  y como consecuencia su consumo no se vería muy afectado.

Además podría establecerse una nueva tasa de 100 euros anuales a cada vehiculo por circular de forma gratuita por autopistas estatales o autonómicas. Este impuesto ya existe en Suiza, y se abona por los turistas en frontera y aunque su establecimiento fuera impopular, la ciudadanía olvida pronto, es más fácil y se recauda mucho más cuando se cobra «poco a muchos que mucho a pocos»

 Cotizaciones a la Seguridad Social y subvenciones

Creo que una gran parte de las subvenciones que otorgan los entes públicos son desaprovechadas. No hay más que leer los boletines del Estado y las Comunidades Autónomas para observar las numerosas publicaciones sobre empresas que por no haber cumplido los requisitos establecidos para el cobro de la subvención deben reembolsarla. En general son empresas desaparecidas que no van a devolver absolutamente nada. También es público y notorio el escándalo que se produce casi a diario con las subvenciones para la formación de los trabajadores y que realmente han servido para financiar otras actividades. Por no hablar de presupuestos y facturas de inversiones infladas arbitrariamente con el objeto de percibir una subvención que financie una gran parte o la totalidad de la inversión.

Entiendo que sería mucho más rentable dedicar parte de estas subvenciones a reducir el coste de la Seguridad Social a cargo de las empresas por los salarios que abonan siempre que cumplan con el requisito de haber mantenido sus plantillas durante los últimos 5 ejercicios (por ejemplo) y se comprometan a mantenerlas durante los próximos 2 ó 3 años. Su control por parte de la Seguridad Social sería muy sencillo pues todas las empresas forman parte de un sistema informatizado de manera que a quien cumpliera los requisitos se le reduciría la cuota.

 Relaciones laborables

Se debe impulsar por parte del Estado y de las organizaciones empresariales y sindicales un gran pacto consistente en negociar para el año 2009 la congelación de los salarios a cambio de un compromiso de mantenimiento del empleo. No sería difícil llegar a una reducción de la jornada de un 4 ó 5% o un aumento de vacaciones en 8 ó 10 días al año. A los receptores de rentas bajas habría que compensarles con un aumento, sólo para ellos, de la deducción del IRPF de 400 a 800 euros. Estoy convencido de que en muchas empresas estos ajustes lograrían un aumento de la productividad, no se reducirían sensiblemente los ingresos y se lograría mantener el empleo. El sacrificio que realizan los trabajadores renunciando al aumento de su sueldo para mantener el empleo debiera de ser correspondido por las empresas de tal manera que si se mantienen o aumentan los beneficios se les haga partícipes de los mismos.

Por otro lado, hay que corregir los excesos de retribuciones salariales de los grandes ejecutivos que tanto escándalo han producido en la sociedad aplicándoles un criterio similar al que se utiliza en las operaciones vinculadas entre socios y sociedades. Se establecería un ratio máximo de retribución por todos los conceptos y sumando todos los emolumentos que percibe del grupo de empresas. Pasado ese ratio el exceso sería grabado a un tipo superior al 43% que se aplica en el IRPF y para la empresa o su grupo dicho exceso se consideraría una liberalidad que no se podría deducir como gasto en el impuesto sobre sociedades. Recientemente leí una información sobre el ratio de diferencia salarial en EE.UU. que es 451, y si nos fijamos en grandes empresas españolas del IBEX y dividimos la retribución por todos los conceptos del consejero delegado entre la del trabajador de menor nivel salarial veríamos que el resultado no se aleja de esa cifra lo cual es un verdadero escándalo. Para determinar una cifra de remuneración a partir de la cual todo exceso debiera considerarse una liberalidad, con las consecuencias fiscales que de ello se derivan, podría multiplicarse la retribución del presidente del gobierno, persona en la que nadie duda recae una responsabilidad como mínimo igual a la de cualquier consejero delegado, y multiplicarla por 10 ó 20 como máximo lo que nos daría aproximadamente 1,2 ó 2,4 millones de euros. Entre estas cifras se escogería el límite de una retribución normal y sobrepasarlo representaría una liberalidad.

 Medidas jurídicas

La ley concursal debería fijar unas tarifas máximas  cuando se acogen a ella personas físicas de buena fe, afectadas fundamentalmente por la ejecución de los préstamos hipotecarios, de tal forma que su coste no sea causa de que se desista ir por esa vía. Al mismo tiempo en el ámbito del procedimiento concursal tanto si el afectado es empresario como si no, debería personarse siempre el Banco de España. Utilizaría el expediente que ha servido para otorgar el crédito y comprobaría de esa forma si el concursado ha sido víctima de sus propias ambiciones y errores o de prácticas bancarias que han incumplido el deber exigible de prudencia a la hora de las concesiones.

En muchos casos, y en especial en tiempos de abundancia, numerosos bancos concedieron créditos a particulares para la compra de vivienda llevados por la euforia y en otros casos por la necesidad de cerrar expedientes para que sus ejecutivos pudieran cobrar comisiones por objetivos cumplidos. En lugar de conformarse con conceder un porcentaje prudente sobre su valor otorgaban un importe equivalente al precio total de la vivienda más los gastos e impuestos y hasta los muebles y el coche si lo necesitaba el cliente, en base a tasaciones muy «sui géneris». En aquellos momentos interesaban tasaciones muy altas pues no existían dudas de que el inmueble valdría más al año siguiente y así sucesivamente. El transcurso del tiempo demostró que esa ilusión de crecimiento vertiginoso de la vivienda era falso y al mismo tiempo la casi duplicación del tipo de interés en los últimos dos años implicó el comienzo de las graves dificultades para pagar la cuota de la hipoteca. Estas elevadas tasaciones provocaron el requerimiento de pago y posterior ejecución de los compradores cuando en realidad la responsabilidad era de las dos partes y mayor aún del que tenía «la sartén por el mango». Si los bancos hubieran actuado con rigor se habría impedido que muchos particulares se endeudaran en cantidades muy superiores a su capacidad de pago.

En el mundo empresarial numerosos promotores inmobiliarios acudieron a los bancos en esta época de euforia a financiar tanto suelo urbano como rústico, utilizando este último para especular con la esperanza de hacerlo urbano y dar «el gran pelotazo». En lugar de ser prudente, el banco otorgaba préstamos que cubrían el valor del suelo, los gastos e impuestos y los intereses de 2 ó 3 años, tiempo suficiente para comenzar las obras. Además como todo se vendía no existían problemas para financiar la obra, entre el crédito a la construcción del banco y los anticipos entregados por los compradores la empresa cubría todos sus costes y frecuentemente anticipaba el beneficio que pensaba obtener en la promoción. Este beneficio servía muchas veces para distribuir dividendos o financiar nuevas operaciones a veces muy arriesgadas. Esta alegría hoy se paga y no teniendo toda la culpa las empresas habría que obligar a los bancos a que cuando las operaciones en el sector inmobiliario, o en otro cualquiera,  no hayan sido especulativas tengan que conceder a sus clientes unas prórrogas adecuadas.

También estimo que deben realizarse cambios en el ámbito de las auditorías de cuentas. Le corresponde al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) ser el organismo que designe de forma independiente y por sorteo y tiempo determinado qué empresas deben ser nombradas para realizar la auditoria de todas las que están obligadas. Controlar su capacidad y revisar si disponen de los medios adecuados para hacerla con la calidad e independencia exigible, así como fijar los honorarios. El sistema actual de designación y pago del auditor por parte de la propia empresa auditada se ha demostrado que es perverso y causa de que las grandes catástrofes y quiebras empresariales no sean detectadas en la mayor parte de los casos pues se hace difícil hablar mal de quien te nombra, te paga y goza de la atribución de mantenerte o no como auditor. ¿Cómo se explica si no que quiebren empresas como Lehman Brothers que fue auditada el año 2007 sin ninguna referencia negativa y tres días antes de la quiebra se calificaba con la triple «A» significativa de las máximas garantías?

Para acabar, entiendo que debiera prohibirse o al menos establecerse un porcentaje similar al que indica la ley de sociedades anónimas respecto a la autocartera de estas entidades para todas las operaciones de apalancamiento. No es de recibo que puedan adquirirse empresas con la única garantía de los activos de la empresa que es adquirida, sin desembolso alguno en muchos casos de los fondos propios de los adquirientes.

30.000/50.000 MILLONES DE EUROS

Consciente de que aún no está aprobada esta medida y por tanto cómo se va a realizar considero que pueden conseguirse los mismos efectos, es decir que el dinero llegue a los bancos y que estos a su vez lo presten, si en lugar de adquirir exclusivamente activos bancarios saneados el Estado compra a su vez activos empresariales saneados a precios inferiores a su valor razonable en el momento actual, incluso a las empresas que se consideren tractoras y que estén en concurso con clara viabilidad. Se puede conceder a las empresas la posibilidad de recuperarlos cuando pase la crisis ,mediante una opción de compra a dos o tres años al precio adecuado de ese momento que por experiencia sabemos va a ser superior al actual, y si no la ejercen, se subastan Ello permitiría al Estado no sólo recuperar su inversión sino obtener la rentabilidad social que se estime adecuada. De esta forma las empresas obtendrían una liquidez apropiada, dedicada a pagar dos obligadamente todos sus créditos a corto plazo que son los que están provocando, al no ser renovados, la situación crítica en que se encuentran. Si además se generase una liquidez mayor de la que se necesita para pagar las deudas a corto plazo, se exigiría dedicar el exceso al pago de proveedores que a su vez estarían obligados a abonar a los bancos las deudas pendientes y así sucesivamente. De esta forma se lograría reducir el impacto que las caídas de las  empresas provocan en  sus proveedores, motivando la desaparición de pequeñas y medianas empresas cuyo único pecado ha sido confiar excesivamente en su cliente y de esa forma la espiral de aumento de desempleo podría en parte frenarse. El Estado también podría influir en la reactivación de la adquisición de viviendas, en especial las de tipo social, entregando al comprador una cantidad vía préstamo con segunda garantía hipotecaria. Esta cantidad sumada a la que puede aportar el propio comprador haría atractiva para el banco conceder con la primera hipoteca el importe necesario para su adquisición. Es sabido que en estos momentos hay muchos demandantes de vivienda que debido al endurecimiento por parte de los bancos de las condiciones de los préstamos no pueden acceder a ella si no desembolsan previamente al promotor un anticipo del precio suficiente para que el banco tenga la seguridad de estar a buen resguardo. Los compradores son capaces de pagar la cuota pero no este anticipo por lo que no acceden al crédito. De esta forma se facilitarían las cosas y los pagos posteriores de las cuotas de la hipoteca se distribuirían entre el banco y el Estado.

Finalmente se podría auxiliar a quienes tienen el problema actual del pago completo de la cuota de la hipoteca y son ciudadanos que siempre han cumplido pero que como consecuencia de la elevada subida de los tipos de interés o de otras circunstancias, como haber perdido el empleo no pueden hacerle frente. Si tenemos en cuenta que según los analistas la crisis no va a extenderse en el tiempo indefinidamente, el Estado abonaría la parte de la cuota no asumible por el comprador de buena fe durante un periodo de 2 años, importe que sería garantizado en segunda hipoteca y devuelto en un plazo posterior de 4 ó 5 años

Espero que estas ideas y otras que están en el ambiente puedan debatirse y sirvan para aportar un grano de arena en la búsqueda de soluciones a esta grave crisis que padecemos.