Debate fiscal

Dadas las cotas – en verdad preocupantes- que alcanza ya el déficit público en España, pocos se extrañarían cuando el 20 de agosto José Blanco lanzó un globo sonda: «Si es necesario elevar determinados tipos impositivos a los que tienen más renta, habrá que hacerlo»… y no se quedó ahí: con un aroma ligeramente populista definió como «ricos» a quienes ingresan más de 50.000 euros anuales. Es decir, que en torno al 40% de los declarantes del IRPF seríamos «ricos», pues ingresamos anualmente más de 50.000 euros brutos.

Mas el Gobierno no podrá conocer quiénes son los que ganan más de 50.000 euros a través de las declaraciones del IRPF. ¿Por qué? Porque es un impuesto en el cual el 90% de la recaudación proviene de los asalariados. Son ellos los únicos y verdaderos «paganos», aportando a través de ese impuesto, aproximadamente, el doble de lo que les correspondería pagar según la Contabilidad Nacional.

Mas, sea como sea, veamos los ingresos de uno de estos «ricos». Se trata de un soltero que tiene un sueldo de 50.000 euros anuales y, una vez descontados impuestos y pagos a la Seguridad Social, dispone de una renta ligeramente por encima de los 35.000… pero se ha comprado una vivienda y le ha costado 300.000 euros, que ha pagado mediante una hipoteca, cubriendo con ella el 80% del coste de esa inversión inmobiliaria. Pues bien, una vez descontada la mensualidad hipotecaria, a este «rico» le quedarán algo así como 2.000 euros al mes con los que darse la gran vida.

Si el Gobierno, en verdad, desea pescar «peces gordos» tendrá que echar las redes en otros caladeros, por ejemplo, entre los sueldos escandalosos que se embolsan algunos ejecutivos. Cantidades que, a menudo, multiplican por más de 1.000 el salario mínimo. A partir de 300 veces el salario mínimo (aproximadamente 4 millones de euros anuales) se les podría aplicar un tipo del 50%, impidiendo, además, que la empresa pueda deducir como gasto ese exceso de «generosidad laboral». Si uno de esos directivos ingresara, pongamos, 10 millones de euros anuales, el Estado recaudaría directamente 4.720.000 euros, además de 1.800.00 a través del impuesto de sociedades, al no ser deducible el pago «salarial» por encima de los 4 millones.

En esta misma línea podría modificarse la tarifa del IRPF de los no residentes, así como las reducciones introducidas en las rentas provenientes de los alquileres de viviendas y aumentar, al menos hasta el 20%, el gravamen sobre los rendimientos del capital mobiliario.

Tanto el Gobierno como el PP han asegurado que no piensan mover el impuesto de sociedades. Valga la decisión, pero ¿qué hacer con los dividendos no distribuidos? (los distribuidos cotizan al 18%). Los dividendos no distribuidos (que suelen ir a reservas) no cotizan, pero sí aumentan el valor de las acciones y los accionistas no tributan por ello hasta que venden las acciones, se liquida la empresa o se reparten los dividendos… ¿Y si no ocurre ninguna de estas tres cosas? Pues no se tributa. La situación podría variar, simplemente, con «anticipar» el impuesto y gravar con un 20% los beneficios no distribuidos de las empresas, incluyendo entre ellas a esos fantasmas tributarios llamados SICAV, así como todo tipo de entidad que goce de tipos impositivos distintos de los establecidos en el impuesto de sociedades.

En 2007 se introdujo una reforma – que significó un incentivo para las operaciones especulativas- a partir de la cual las plusvalías patrimoniales cotizan al 18%, cualquiera que sea el tiempo que hayan tardado en obtenerse dichos incrementos. Sería conveniente cambiar la norma, de suerte que las ganancias de ese tipo obtenidas en un periodo menor de un año coticen, si son personas físicas, al tipo que marque el IRPF, y si son sociedades -sea cual sea la forma jurídica de que se revistan- a un tipo del 30%. Incluidas, claro está, las citadas SICAV y los fondos de inversión mobiliarios o inmobiliarios.

Es cierto que el Impuesto sobre el Patrimonio estaba obsoleto y mal regulado, pero a la vista de lo ocurrido, ¿no hubiera sido mejor reformarlo en lugar de eliminarlo? ¿Y qué decir del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones? Las Autonomías han hecho de esa capa un sayo. ¿Es ésa la corresponsabilidad fiscal que se predica?

En fin, ya se oyen voces que anuncian la subida de impuestos indirectos… pero, por muy partidarios que seamos de los directos, tal y como está el IRPF y siendo, al parecer, intocable el de Sociedades, resulta difícil mantener aquel dogma según el cual «los impuestos indirectos son regresivos». Todo indica que el primer indirecto destinado a subir será el IVA, pues es difícil resistirse a esa tentación y más con la inflación por los suelos. Mejor sería no tocarlo, pero dejando como está el tipo más bajo (4%) o aumentándolo levemente, subiendo, además, del 7 al 8% el de los productos correspondientes y aumentando dos puntos (del 16 al 18%) el tipo más alto, se obtendría una recaudación adicional de, aproximadamente, 4.000 millones. Incrementos mayores de los aquí apuntados serían inasumibles.

Pese al reciente incremento de los impuestos especiales (alcoholes y gasolinas), se habla de una nueva subida que, la verdad, no servirá de mucho en términos recaudatorios y lo mismo puede decirse acerca de un posible incremento sobre el consumo eléctrico o sobre ciertas primas de seguros, lo cual -al menos respecto a estos dos últimos- sería muy injusto. También se ha citado -sin concretar- una tasa ecológica… lo cual resulta contradictorio con los incentivos a la compra de automóviles, que son los que más contaminan el aire de las ciudades. En este sentido, se podría crear una tasa de 50 euros anuales (de media) por el uso del automóvil privado, gravando especialmente los vehículos «de lujo», lo cual permitiría recaudar, aproximadamente, 1.400 millones de euros. Este gravamen habría de ser provisional hasta que se regulara con carácter general junto al impuesto (municipal) de circulación de vehículos.

Ante una crisis fiscal comparable -ceteris paribus- a las de Felipe II y con una economía sumergida que, según algunas fuentes, supera el 25% del PIB, no parece temerario sugerir la repetición de una jugada que ya se hizo en los años noventa. Hablamos, claro está, de una «regularización fiscal» que permita incluir en la declaración correspondiente a 2009 el dinero negro proveniente de actividades no criminales, así como aflorar los activos ocultos y eliminar los pasivos ficticios, a los que se aplicaría una tasa en torno al 20%.

Durante el último debate monográfico en el Congreso, en el cual el Presidente del Gobierno anunció un incremento impositivo que valoró en 15.000 millones, apenas se habló de cómo reducir el gasto y esto último es, al menos, tan relevante como el incremento de ingresos.

No es preciso ser un lince para descubrir que una parte muy notable de las subvenciones que hoy se otorgan no sirven absolutamente para nada… excepto para engrosar los ingresos de sus perceptores, sean empresas u otras organizaciones. Ya va siendo hora de hacer un balance objetivo acerca del uso y la eficiencia de tantísimo dinero público. Y si, por ejemplo, se quiere subvencionar a los sindicatos y a la patronal, no tiene por qué hacerse a través de unos cursos de formación de dudosas calidad y eficacia. Los fondos para la «formación» debieran ir a la Universidad o a la FP reglada, que falta les hace.

Ya se ha anunciado la eliminación de los 400 euros de reducción que se otorgó a los declarantes del IRPF y sólo a ellos. Lo mismo debiera hacerse con el regalo de los 2.500 euros por bebé nacido en España o, al menos, eliminarlo a partir de ciertas rentas.
En fin, también sería bienvenida una rebaja sustancial de las archimillonarias y nunca publicadas subvenciones que los partidos se otorgan a sí mismos en las Cortes, en los Parlamentos regionales y en los Ayuntamientos… así darían ejemplo de esa austeridad que sus líderes predican.

* Joaquín Leguina y Arsenio Tazón son los autores de este artículo.